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Opinión



martes, 16 de junio de 2020

Nuevos tiempos, nuevo reordenamiento


La situación pandémica tomó a Venezuela en una crisis muy severa. La escasez de medio de pagos
formales y la incorporación de facto del dólar como moneda de menudeo (instaurado previamente, pero intensificado con los recientes acontecimientos), ha generado un proceso sistémico y espontáneo de masificación de la informalidad, lo que inmediatamente se presenta como una serie problemática que debe ser abordada de forma sistémica y científica.
Esto ha traído consigo la desaparición paulatina de negocios de derecho, quienes se vieron en la tentación de retraerse y alejarse de las formalidades propias de los negocios.
Como una primera aproximación empírica, se pudiese considerar que esto ha afectado al emprendimiento como movimiento social, económico y ambiental, dado que aun cuando los “nuevos empresarios” han incorporado dentro de su génesis la generación de valor (a través de la innovación), no se muestran como negocios sustentables, considerando que carecen en muchos casos de componentes de carácter fiscal, contable y legal, quienes indudablemente dan piso a la probabilidad de ser escalables en el tiempo. Esta situación genera una severa perversión del sistema económico y nos muestra un escenario complejo e incluso caótico.
Siendo así, todo indica que los negocios tenderán a preocuparse por aspectos estrictamente operativos, dejando las formalidades de lado, asumiendo con ello significativos riesgos de toda índole.
Revertir esta situación es aún más difícil, dado que será titánico poder reorientar los esfuerzos que se han dado, reconduciéndolos a paradigmas donde la legalidad es pieza fundamental, en ambientes donde abiertamente ha sido coartado dicho principio, y donde el derecho a la defensa termina siendo un término abstracto y utópico de poca o nula aplicabilidad. En este particular, como objetivo en esta primera aproximación, se considera relevante identificar los disparadores que pudiesen incentivar a las empresas a volver a la formalización, así como conocer algunas tareas que deberán ser considerados de cara a un futuro sostenible.
Como primer punto, para poder retomar el camino de la legalidad, dichos emprendimientos o proyectos empresariales deberán sentir algún tipo de estímulo por parte de otros actores, que los inviten a encender las luces, y dejar de trabajar enclaustrados en cuatro paredes, utilizando a la tecnología como el vehículo para llegar a sus clientes. Desafortunadamente, la acción individual de los empresarios no será suficiente para poder propiciar condiciones de formalización que fortalezcan al sector productivo.
Algunos de los actores y/o acciones que pudiesen influir positivamente en el reordenamiento y formalización de la economía son:
·      El crédito es el perfecto instrumento para poder crear negocios escalables. La inversión en infraestructura, talento humano o en cualquier otro elemento, generaría (con estrategia) efectos multiplicadores más que probados. El gran reto será que la banca también sea estimulada por el Estado, considerando que prácticamente han sido apartados de la economía. Su única función es principalmente la de puente entre clientes y proveedores.
El encaje legal, las limitaciones impuestas por entes regulatorios y la inflación (hiperinflación) son algunos de los principales obstáculos.
Una vez que la banca se reactive, las empresas se verán en la obligación de ser rigurosos con todos los aspectos relacionados con el cumplimiento legal, tributario y contable, dado que tendrán la necesidad de mostrar información fidedigna y auditable, a fin de poder obtener recursos que servirán para sus propósitos empresariales.
Volver a esquemas, donde la información contable sea útil para los usuarios, es el más grande deseo de todos los actores.
En la actualidad, prácticamente es imposible incluso abrir una sencilla cuenta bancaria a la vista, menos es posible llevar a cabo transacciones en monedas extranjeras, lo que obviamente ha generado severas distorsiones y restricciones.
La banca ha sido desarticulada y desmantelada sistemáticamente. De haber algún tipo de incentivo a este sector, veremos que su recuperación será gradual, pero con impacto a todo nivel.
·      Proyectos de envergadura auspiciados por el gasto público o por la inversión privada como mecanismo de multiplicación empresarial. Poder reactivar tantas obras que han sido detenidas producto de la crisis y la corrupción,  dará oxígeno a empresas que se han tenido que retraer voluntariamente.
Tener la posibilidad de participar en procesos de licitación transparentes y honestos será un aliciente para reactivarse de forma ordenada. El gran reto será el éxodo de profesionales y el deterioro de las maquinarias y equipos que en algún momento estuvieron a disposición de dichas entidades. Por algo habrá que comenzar.
La entrada de recursos frescos, requiere de condiciones claras para potenciales inversionistas. El fuerte de las últimas décadas no ha sido la protección del capital.
·     Beneficios de carácter tributario, tales como: zonas libres de impuesto, beneficios para la contratación de personal profesional, rebajas por nuevas inversiones, simplificación y eliminación de tributos, etc., son un paso de inicio que por naturaleza propicia la activación. Lograr ubicar inversionistas que estén dispuestos a iniciar proyectos con riesgos claramente identificados y bases razonablemente medibles puede generar el tan ansiado clima de confianza que en la actualidad no existe.
Se puede iniciar por un proceso de remisión tributaria, con el objetivo de generar un ambiente de buena fe entre los actores.
·         Simplificación  y sistematización del sistema de registros y notarías, con el objetivo de garantizar que la constitución de empresas sea dada de forma sencilla y amigable. Eso, automáticamente permitirá que los emprendedores vean como factible la creación de negocios. Verlo como una ventaja, y no como una obligación imposible, es función clara del Estado.
·            Desarrollar e incentivar el mercado de capitales, como mecanismo para la obtención de recursos y al mismo tiempo como ambiente para la inversión de los particulares.
·            Abrir zonas que incentiven a sectores, tales como: tecnología (software y hardware); producción de insumos de salud (medicinas, equipos médicos, etc.); negocios orientados al teletrabajo y espacios compartidos (coworker); empacado y distribución a escala y comercio electrónico.
·          Incentivar a las grandes universidades públicas y privadas a crecer en torno a un plan país, donde se retome la idea de profesionalizar y tecnificar la nación, en función a la “vocación” de cada región.
·             Desarrollar las telecomunicaciones a todos los niveles.
·        Incentivar y desarrollar nuevamente el parque de movilización del país (aeropuertos, puertos, terminales terrestres, transporte público urbano e interurbano, ferrocarril, metro, etc.)
Todas estas medidas deben llevarse a cabo tomando en cuenta un nuevo reordenamiento de lo que serán las actividades dentro de los centros de trabajo, habida cuenta de que estamos en un esquema que hace que el distanciamiento social haya llegado para quedarse.
Puede que muchas de éstas medidas sean impuestas de forma obligatoria por los entes regulatorios, o que sencillamente sean diseñadas y aplicadas por estructuras organizacionales más definidas y comprometidas. Entre algunas de ellas podemos identificar:
·            Creación de unidades, o al menos de responsables directos, orientadas a la creación, aplicación y seguimiento de planes de contingencia.
·           Desde los departamentos de talento humano, la creación de nuevos protocolos de búsqueda de personal, contratación y evaluación de riesgo de los colaboradores.
·            Planes de reforzamiento de la filosofía organizacional de las empresas, para con ello dejar claro la misión, visión y objetivos de la empresa. Eso refrescará lo que se espera de cada colaborador, independientemente del momento que esté viviendo la entidad.
·           Reforzamiento de la plataforma tecnológica en todos los sentidos. La conexión remota debe estar garantizada 24/7, siempre y cuando esté disponible el servicio de comunicación.
·      Normas de convivencia en la oficina, a fin de optimizar los espacios de forma estratégica, evitando el aglomeramiento de personal en espacios no acordes.
·          Concientización sobre enfermedades. Cada trabajador deberá tener claro los momentos en los que deberá trabajar de forma remota de manera preventiva.
·               Evaluación de aspectos logísticos, movilización, hospedaje, etc.
Muchas de estas acciones podrían generar nuevos costos que pudiesen ser incluso materiales. Dichos costos deberían ser considerados como deducciones a efectos de la determinación de la renta y en un porcentaje, como rebajas directas al impuesto en cuestión. Todo esto con el fin, de que las empresas puedan contar con los recursos necesarios para afrontar los retos por venir de forma asertiva, eficiente, efectiva y eficaz.
A modo de cierre, los retos son gigantes. Para poderlos llevar a cabo se requiere una clara tripartita entre Estado, Empresarios y Colaboradores. Desde hace mucho tiempo se ha demostrado que es imposible avanzar a un mundo sostenible sin aplicar este esquema, por lo que definitivamente se requiere del concurso general, para poder llenar esta lista de chequeo e irla ejecutando en un tiempo medible y finito en favor de todos.