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Opinión



sábado, 27 de agosto de 2022

Para iniciar un proyecto debemos cuantificar esto...

La cuantificación de todos los elementos que requerimos para iniciar un proyecto de emprendimiento, nos permite tener una visión clara de los recursos que deberemos invertir y generar toda una serie de planes asociados a ello. Hacer este primer ejercicio nos proveerá de una visual razonablemente clara de lo que será nuestro flujo de caja proyectado, impactando necesariamente en los indicadores financieros que debemos estimar y monitorear de cara al futuro.

Siendo así, no hagas este análisis de forma superficial...en los detalles esta todo!

 

miércoles, 10 de agosto de 2022

Algunas reflexiones sobre la armonización tributaria

En los últimos meses se ha venido conversando mucho sobre la Armonización Tributaria (AT), mostrándose como una suerte de Ley única. Desde mi perspectiva, la AT esta compuesta por una serie de acciones realizadas con el objetivo de garantizar la interacción apropiada de los subsistemas de la Actividad Financiera del Sector Público (AFSP), persiguiendo con ello la satisfacción de necesidades colectiva, mientras en paralelo se protege la economía nacional y sus diferentes actores. Si a esto le sumamos elementos ambientales, todo indica que la AT es un mecanismo de sostenibilidad en la relación administración - administrados.

Siendo así, la AT es una suerte de mancomunidad estratégica realizada desde los distintos niveles del Poder Público (desde la perspectiva vertical y horizontal), materializada de forma acompasada, entendiendo que existen elementos transversales que deben ser atendidos, a fin de garantizar el cumplimiento de los principios fundamentales de todo sistema tributario, buscando un fino orden en una relación desigual por naturaleza.

Un ejemplo interesante de AT se puede visualizar en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM), donde se busca dar cumplimiento a un mandato constitucional, en la ejecución de un reordenamiento claro de más de 300 municipios que hacen vida en el país, propiciando un trabajo colaborativo que busque la recaudación tributaria en favor de cada jurisdicción, pero entendiendo que son parte de un todo, y que por consiguiente, su estrategia fiscal de recaudación no puede ir en detrimento de la sostenibilidad empresarial, quien debe estar concebida en el entendido de que debe ser económicamente viable, socialmente comprometida y ambientalmente viable, con un robusto piso de políticas públicas.

Todo indica entonces que la AT debe generar un clima óptimo que de cabida al nacimiento de distintos hechos imponibles (eventos ineludibles), sin que ello se convierta en un elemento distractor para los distintos sujetos de derecho y que mucho menos sirva de excusa para inhibir el hacer o no hacer dentro de la jurisdicción donde se encuentre.

Una forma de AT se da con la sencilla simplificación del sistema y el análisis de la presión tributaria que en su conjunto se propicia en la aplicación conjunta de tributos que no incorporan el hecho de que todo proyecto empresarial debe pagar tributos, pero por sobre todo, debe ser rentable para sus accionistas. De lo contrario ocurren dos eventos claros; el primero, una fuerte inacción por parte de potenciales inversionistas, quienes no ven claridad incentivos para arriesgar recursos y tiempo y la segunda una significativa evasión tributaria, ya sea a través de formas de agrupación de hecho o de derecho.

Aun cuando no es el eje central para el caso local en este momento, la AT también puede darse por medio de convenios para evitar la doble imposición fiscal, quienes son el instrumento ideal para lograr homogeneidad en jurisdicciones que por naturaleza puede ser heterogéneas; sin embargo, esto es algo que seguimos viendo a la distancia, pero que debe ser un punto de la agenda en puertas a una necesaria reactivación económica y reincorporación al mercado mundial.

Cuando queremos proponer algo más concreto, saliendo de la visión filosófica y utópica del asunto, es importante mirar algunos ejemplos concretos. El primer caso que debo colocar sobre la mesa es el ejemplo de Estonia, donde claramente el tema de AT va dirigido a que Personas Naturales (PN) y Personas Jurídicas (PJ) tengan como prioridad la reinversión, dando un peso importante a la interacción de los distintos sujetos de derecho.

Para el caso de PN, estás solo tributan sobre sueldos y salarios, siendo no gravable las rentas pasivas que obtienen. Esto abre la posibilidad de que las personas busquen redirigir sus excedentes en aras de hacer crecer a otros, mientras en paralelo se obtienen rendimientos de ello, que puede a su vez ser reinvertidos en otras actividades también lucrativas. El Estado tiene un sacrificio fiscal en términos de recaudación, pero ve como la producción, el consumo, el empleo, etc., crecen de forma constante.

Para PJ la situación no es distinta. Solo pagan impuesto a la renta, si las mismas son repartidas como dividendos a sus accionistas. El efecto automático es una constante reinversión en innovación, lo que a su vez propicia expansión. Todo esto se da en un sistema donde existe un solo ente recaudador que se encarga de redistribuir beneficios al resto de los niveles del Poder Público, tratando de utilizar un término análogo al local.

La tecnología de la inversión también se convierte en un foco de AT, al permitir la determinación tributaria automática, incluso con el uso de la inteligencia artificial, generando una recaudación sencilla, rápida y atendiendo a la verdadera capacidad contributiva del contribuyente, dado que predice los niveles de rentabilidad razonables, para que se den retornos de inversión en tiempos razonables, propiciando con ello certidumbre a los potenciales inversionistas.

Todo esto debe ir acompañado a un término discutido ampliamente en la Especialización de Derecho Administrativo que actualmente curso en la Universidad de los Andes, asociado al Paradigma de la Buena Administración. La expresión por si misma es clara en cuanto a lo que se espera por parte de las autoridades tributarias.

Para el caso venezolano quisiera al menos ver un real: Análisis del Impuesto sobre la Renta y del Impuesto al Valor Agregado; eliminación del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras; revisión del Impuesto a los Grandes Patrimonios (coexistiendo con un mínimo tributable razonable); eliminación de los tributos accidentales que se han ido creando en el tiempo (LODAFEF, LOD, LOCTI); simplificación de las contribuciones parafiscales, incorporándolas al sistema de recaudación central  y por último y no menos importante, verdadera armonización entre los aforos municipales, con respecto a la realidad económica de las empresas venezolanas. 

No esta de más incluir en este análisis, un concienzudo estudio del Código Orgánico Tributario, quien se ha convertido en un instrumento de intimidación gigantesco. Todo esto tiene sentido si realmente se da una relación sana entre administración y administrador, donde efectivamente el pago de tributos sea reflejado en la elevación de la calidad de vida de los ciudadanos, de lo contrario, ningún plan de AT tendrá verdaderos resultados, dado que la puesta en marcha debe darse bajo un escenario de respecto mutuo, con un manejo eficiente de los recursos generados a través de AFSP como garante de su correcto cumplimiento.


 

martes, 9 de agosto de 2022

Ensayo panorama de la administración pública desde la perspectiva gubernamental

Wladimir García Castro[1]

Ensayo panorama de la administración pública desde la perspectiva gubernamental

Presentar un ensayo sobre la actividad financiera del sector público, considerando la visión de América Latina y el Caribe (ALC), en sí mismo es un reto académico y filosófico, habida cuenta de las grandes dificultades que ha tenido la región para poder generar condiciones mínimas que permitan elevar la calidad de vida de los habitantes del continente.

Serios problemas de ingobernabilidad, corrupción y una movilidad interna significativa, son al menos tres de los grandes problemas de la región, los cuales deben ser puntos centrales en las agendas conjuntas, dado que tienen impactos transversales en el quehacer de las personas y organizaciones. Tal como lo establece el reporte de la OCDE (2020) “Tras un fuerte crecimiento económico en las primeras décadas del 2000, muchos países de la región de América Latina y el Caribe (ALC) han experimentado una desaceleración en los últimos años. Dicho crecimiento se ha visto afectado por la disminución en los precios de los productos básicos de exportación, la baja productividad y una elevada y persistente desigualdad que repercute tanto en los ingresos como en las oportunidades.” Este es el caso perfecto de Venezuela, donde el precio del petróleo favoreció la gestión de la Actividad Financiera del Sector Público, pero la misma no fue gerenciada de forma sostenible.

Para el presente ensayo, como objetivo general se pretende proveer una visión sencilla de los principales subsistemas de la actividad financiera del sector público, quienes son mayoritariamente comunes en todas las jurisdicciones de la región y como objetivos específicos señalar hitos importantes en materia financiera, como motor clave para la obtención de beneficios que tengan como fin satisfacer necesidades públicas. La recopilación de datos del ensayo es documental, y se sustenta en análisis previos del autor y de terceros, así como del material sugerido en clases sobre el tema planteado.

Ciertamente, ALC se ha caracterizado por ser una región donde el principal elemento de comercialización aún son los recursos naturales no procesados o procesados al mínimo, logrando con ello que gran parte del proceso productivo deba ser realizado por los países industrializados y emergentes quienes son los que han podido movilizar de forma dinámica a sus economías, generando fuentes de empleo en procesos que bien pudiesen haberse llevado a cabo desde esta parte del mundo, con costos comparativamente bajos y acceso más rápido a los distintos mercados del mundo. Siendo así, el primer empuje que se debe hacer desde la Administración Pública de los países, es materializar el enfoque práctico de procurar la elevación de la innovación, a través de incentivos que permitan aumentar la inversión privada productiva y con ello la reindustrialización de tantos sectores con potenciales ilimitados, que hasta la fecha han sido tímidamente atendidos y por ende, poco explotados.

Presupuesto público orientado a la inversión

 

La opacidad de la información pública de los países de ALC es grande. Aun cuando existan en algunos países algunas fuentes razonablemente bien fundamentadas, aún sigue habiendo una propensión al gasto público social, por encima del gasto público orientado a la inversión.

Si bien es cierto puede considerarse muy bien intencionado el deseo de poder dar soporte financieros a los más desposeídos, también es cierto que al generar proyectos de inversión, se producen efectos multiplicadores que abarcan toda la economía de punta a punta.

Indudablemente, debe existir un equilibrio natural, trabajo que debe ser llevado normalmente por las asambleas o congresos nacionales de ALC, quienes son los encargados de poder determinar de manera holística, sobre el diseño y cumplimiento de bases presupuestarios que permitan satisfacer necesidades públicas, gasto social para las clases vulnerables y actividades que puedan generar beneficios futuros, a través de proyectos de envergadura. Circunscribir el análisis,  a solo mirar una parte del problema, ha originado distorsiones significativas en los productos interno bruto de la región. De acuerdo con García (2022), para el caso venezolano: “El Banco Central de Venezuela no ha publicado cifras relacionadas con el Producto Interno Bruto para el año 2018, 2019, 2020 y 2021; los mismos se encuentran actualizados hasta el 2017. (…) el PIB ha descendido de forma significativa en al menos los últimos cinco años a valores constantes, mientras que la curva a valores corrientes no tiene límite, producto de las serias distorsiones monetarias”. Este ejemplo, demuestra el desequilibrio entre colocar como primordial la inversión productiva, en contraposición al gasto social. Así, vemos como el primer disparador de la Actividad Financiera del Sector Público es la identificación de necesidades, que son plasmadas en presupuestos plurianuales.

 

 

Generación de ingresos de fuente productiva versus, ingresos producto de recursos naturales

 

De acuerdo con García (2020), se requiere de un ordenamiento que permita influir positivamente en la economía nacional, trabajando más en la arista del procesamiento, y menos en la visión de países exportadores de recursos naturales. Al respecto, desde su perspectiva menciona algunos de los actores y/o acciones importantes que deben ser acometidas desde la perspectiva pública y privada:

-       El crédito es el perfecto instrumento para poder crear negocios escalables. La inversión en infraestructura, talento humano o en cualquier otro elemento, generaría (con estrategia) efectos multiplicadores más que probados. El gran reto será que la banca también sea estimulada por el Estado, considerando que prácticamente han sido apartados de la economía. Su única función es principalmente la de puente entre clientes y proveedores.

El encaje legal, las limitaciones impuestas por entes regulatorios y la inflación (hiperinflación) son algunos de los principales obstáculos.

Una vez que la banca se reactive, las empresas se verán en la obligación de ser rigurosos con todos los aspectos relacionados con el cumplimiento legal, tributario y contable, dado que tendrán la necesidad de mostrar información fidedigna y auditable, a fin de poder obtener recursos que servirán para sus propósitos empresariales.

(…)

La banca ha sido desarticulada y desmantelada sistemáticamente. De haber algún tipo de incentivo a este sector, veremos que su recuperación será gradual, pero con impacto a todo nivel.

-       Proyectos de envergadura auspiciados por el gasto público o por la inversión privada como mecanismo de multiplicación empresarial. Poder reactivar tantas obras que han sido detenidas producto de la crisis y la corrupción,  dará oxígeno a empresas que se han tenido que retraer voluntariamente.

(…)

La entrada de recursos frescos, requiere de condiciones claras para potenciales inversionistas. El fuerte de las últimas décadas no ha sido la protección del capital.

-       Beneficios de carácter tributario, tales como: zonas libres de impuesto, beneficios para la contratación de personal profesional, rebajas por nuevas inversiones, simplificación y eliminación de tributos, etc., son un paso de inicio que por naturaleza propicia la activación. Lograr ubicar inversionistas que estén dispuestos a iniciar proyectos con riesgos claramente identificados y bases razonablemente medibles puede generar el tan ansiado clima de confianza que en la actualidad no existe.

Se puede iniciar por un proceso de remisión tributaria, con el objetivo de generar un ambiente de buena fe entre los actores.

-       Simplificación  y sistematización del sistema de registros y notarías, con el objetivo de garantizar que la constitución de empresas sea dada de forma sencilla y amigable. Eso, automáticamente permitirá que los emprendedores vean como factible la creación de negocios. Verlo como una ventaja, y no como una obligación imposible, es función clara del Estado.

-       Desarrollar e incentivar el mercado de capitales, como mecanismo para la obtención de recursos y al mismo tiempo como ambiente para la inversión de los particulares.

-       Abrir zonas que incentiven a sectores, tales como: tecnología (software y hardware); producción de insumos de salud (medicinas, equipos médicos, etc.); negocios orientados al teletrabajo y espacios compartidos (coworker); empacado y distribución a escala y comercio electrónico.

-       Incentivar a las grandes universidades públicas y privadas a crecer en torno a un plan país, donde se retome la idea de profesionalizar y tecnificar la nación, en función a la “vocación” de cada región.

-       Desarrollar las telecomunicaciones a todos los niveles.

-       Incentivar y desarrollar nuevamente el parque de movilización del país (aeropuertos, puertos, terminales terrestres, transporte público urbano e interurbano, ferrocarril, metro, etc.)

-       Todas estas medidas deben llevarse a cabo tomando en cuenta un nuevo reordenamiento de lo que serán las actividades dentro de los centros de trabajo, habida cuenta de que estamos en un esquema que hace que el distanciamiento social haya llegado para quedarse.

 

Esta ruta planteada genera una mirada más hacía la producción y menos hacía la actuación pasiva de proveer materia prima al mundo, que luego vuelve al país a través de productos terminados, lo que indudablemente limita la generación de recursos y fuentes de empleo, que al final terminan estando vinculado con el subsistema de tributos, aduanas y bienes nacionales, quienes inicialmente procuran fuentes de ingreso público. Esos dos subsistemas, junto con el subsistema de bienes nacionales generan recursos para poder satisfacer las exigencias del presupuesto público, siendo así, desde la perspectiva gubernamental, el trabajo se sustenta principalmente en garantizar el trabajo de los distintos actores económicos, y no ser agente distractor.

En caso de que estos subsistemas se encuentren en situación deficitarias (situación común en las jurisdicciones), el crédito público se convierte en bastión principal. Siendo así, viene el turno de los subsistemas contralores, quienes procuran una interacción de todos, de acuerdo a la normativa vigente en cada país.

Satisfacción de necesidades públicas y efectos pandemia 2020

 

La Actividad Financiera de Sector Público es clave en la economía y gestión pública en el mundo. No cabe duda de la importancia que tiene el accionar sistémico de los distintos elementos que compone el accionar del Estado y sus instituciones. La pandemia 2020 demostró que tan vulnerables son las naciones, y como la utilización correcta de los recursos es fundamental para poder hacer gobiernos sostenibles. En ese este sentido, desde el rol de la función pública, la gestión de la Actividad Financiera del Sector Público debe ser estratégica para poder generar bienestar no solamente a los ciudadanos actuales, si no a generaciones futuras.

A modo de cierre

 

Este es un tema apasionante, dado que más que una visión técnica de un asunto, es un punto que está íntimamente relacionado con la ciudadanía. Querer entender la configuración del Estado, pasa por entender inicialmente los sistémico que es la Actividad Financiera del Sector Público a través de sus subsistemas.

Cuando se analiza la actividad financiera del sector público, fundamentalmente se desea elevar los niveles de ingreso, optimizando los costos, con el objetivo de aumentar ganancias y mejorar los niveles de rentabilidad en favor de los accionistas y relacionados. La visión de la Actividad Financiera del Sector Público es más profunda. Inicialmente entiende el nivel de necesidades públicas y las prioriza; con ello, se plantea los mecanismos para obtener ingresos públicos, y ante la llegada del déficit público, se plantea posibilidad de endeudamientos controlados que permitan financiar el gasto público, sin comprometer a generaciones futuras, mientras en simultaneo deja la puerta abierta para rigurosos procesos de contraloría gubernamental y escrutinio público de los ciudadanos. Entender este proceso y apropiarse de ello desde el punto de vista personal, genera la posibilidad de que los ciudadanos de América Latina y el Caribe entiendan que el futuro de nuestra región está en nuestras manos y es nuestra responsabilidad hacer todas las gestiones para elevar la calidad de nuestros funcionarios públicos.

Fuentes bibliográficas

 

García, W. (2020). “Nuevos tiempos, nuevo ordenamiento”. Tomado en fecha 30 de junio de 2022. www.http://actualidadfinancierayfiscal.blogstpot.com http://actualidadfinancierayfiscal.blogspot.com/2020/06/nuevos-tiempos-nuevo-reordenamiento.html

García W. (2022). “Resultados 2021, retos del futuro”. Tomado en fecha 30 de junio de 2022. www.http://actualidadfinancierayfiscal.blogstpot.com http://actualidadfinancierayfiscal.blogspot.com/2022/05/resultados-2021-retos-del-futuro.html

OECD (2020), Panorama de las Administraciones Públicas América Latina y el Caribe 2020, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/1256b68d-es.

 



[1] Licenciado en ciencias fiscales, mención rentas ENAHP; magíster en ciencias gerenciales, mención finanzas UGMA; master en administración de negocios, Universidad de Cádiz y doctor en educación UCAB

Presupuesto Público. Aspectos Teóricos y Prácticos

                                                                             Wladimir García Castro[1]

Presupuesto Público. Aspectos Teóricos y Prácticos

El presupuesto público es la manifestación cuantitativa de los requerimientos sociales de los electores; por consiguiente, su operacionalización debe ir orientada a satisfacer necesidades públicas con una visión estratégica, donde se combine lo que se requiere en el hoy y lo que se necesitará para el mañana, desde una perspectiva de sostenibilidad, atendiendo los pirales sociales, económicos y ambientes, en un base de políticas públicas sólidas que permitan la ejecución razonable de las premisas consideradas en su elaboración.

Desde el punto de vista social, los Ciudadanos que hacen vida en un país suscriben un pacto con el Estado, representado por una serie de poderes públicos (desde la visión vertical y horizontal), donde se precisa el hecho factico de la obligatoriedad legal de cumplir y hacer cumplir con deberes y derechos expuestos de forma razonablemente literal en todo el entramado legal de la Nación, impulsado de forma individual por espacios de tiempo finitos por fuerzas políticas, denominadas Gobiernos en oficina, que permiten materializar acciones de obligatorio cumplimiento, que tengan como objetivo garantizar la mayor suma de felicidad en los ciudadanos, con niveles lógicos y justos de convivencia, dentro de las fronteras que demarcan la Nación, y que se encuentran contenidas dentro de la concepción de Estado. De esta forma, se pueden denotar los distintos niveles de roles que se dan en esta relación desigual por naturaleza, entre los Ciudadanos y el poder que los gobierna y regula.

Esta concepción permite que claramente se den eventos hacía ambos sentidos, multifactoriales y transversales, donde los ciudadanos pagan obligaciones de carácter tributario, y demandan servicios públicos asociadas o no a dichas erogaciones. En términos prácticos estaríamos frente a una suerte de mancomunidad social-económica, donde los actores deben cumplir (pecuniariamente), para con ello recibir los beneficios que allí se causan. Siendo así, podemos entender que el Gobierno en oficina se convierte en el principal administrador y empleado/empleador, encomendado para llevar adelante la gestión pública en todos los niveles geopolíticos.

En este orden de ideas, y ya habiendo definido el rol de Ciudadanos-Estado, evidentemente nacen necesidades que surgen del proceso social de convivencia, que deben ser sufragados de forma proporcional por todos los que hacen vida en un espacio físico, llamado territorio. Estos aportes se hacen vía fiscal, con el pago de impuestos, tasas y contribuciones y nace un elemento importante de obligatoriedad a través de la coacción tributaria. Es decir, el ciudadano solicita al Estado que maneje la Hacienda Pública en nombre de éste, se compromete a pagar obligaciones tributarias y lo faculta para que ejerza la fuerza de la ley, en caso que se dé o promueva algún incumplimiento de este pacto constitucional suscrito entre las partes.

Es decir, se da la opción de ser el administrador y al mismo tiempo el ejecutor de todas las acciones que se necesiten para garantizar flujos futuros de dinero, que permitan resolver las necesidades que surgen de la socialización, aun cuando dicha situación genere insalvables fricciones entre las partes sujetas a esta relación.

Aun cuando por la narrativa pareciese que la tributación se convierte en el primer disparador, lo cierto es que no es así. Las necesidades colectivas son el primer elemento que surge en esta relación y necesidad de convivencia. Allí, el Estado propicia espacios para que se identifiquen y cuantifiquen necesidades colectivas que deben ser satisfechas, demarcando toda una serie de atribuciones, competencias y obligaciones a sujetos de derecho de carácter público, quienes son los llamados a proveerlos partiendo de una importante cantidad de principios previstos en la normativa local.

Una vez identificadas las necesidades (las cuales son ilimitadas por naturaleza) se procede a preparar los respectivos presupuestos que servirán de base para la ejecución del gasto público, soportados en recursos financieros (limitados por naturaleza), el cual podrá combinarse con la inversión en bienes y servicios que puedan promover mejoras de largo plazo y allí es donde entra un carácter estratégico importante, tomando en consideración de que el mismo se prepara amparado por las instituciones del Estado, pero con la visión de Gobierno, la cual puede diferir de nuevas fuerzas políticas por ocupar la posición en el períodos subsiguientes, por lo que la pluralidad debe tener una claridad importante, a fin de que la misma se fundamente en expectativas compartidas de forma razonable, por las distintas fuerzas políticas que hagan vida en el país.

Ya siendo cuantificadas las necesidades en el presupuesto, inicia una importante lucha entre lo que se debe hacer, lo que se necesita hacer y lo que realmente se puede hacer. Partimos de la premisa de que las necesidades son ilimitadas, pero los recursos si son limitados, por lo que la identificación de prioridades y el planteamiento lógico de planes de largo aliento terminan convirtiéndose en un punto de discusión por los costos políticos que ocasiona la visión de corto y largo plazo que pueda tener un gobierno, quien bajo condiciones normales tiene claro que perdurará en el poder por un tiempo determinado, en el mejor de los casos.

Esta situación, por más que existan una serie de pesos y contrapesos que analicen administren y controlen la planificación y ejecución presupuestaria a todos los niveles geopolíticos, es indudable que genera una serie de retos importantes, manejados por el resto de los subsistemas de la actividad financiera del sector público.

El presupuesto público es deficitario por excelencia; es decir, normalmente, las necesidades sobrepasan la capacidad de generar ingresos de carácter tributario o por la intervención de bienes nacionales. En función a ello, una parte neurálgica de la determinación presupuestaria se basa en la determinación del nivel máximo de endeudamiento público, que permita ser sostenibles en el largo plazo (donde los pagos de capital e intereses sean viables para nuestros procesos presupuestarios), y que al mismo tiempo si logren generar estructuras que permitan por una parte satisfacer necesidades del hoy, propiciando proyectos que en el futuro sean aprovechables, entrando así en la concepción de ingresos ordinarios y extraordinarios, versus gastos ordinarios y erogación de inversión.

En este aspecto, las finanzas públicas y privadas confluyen en la idea de que el gasto púbico ordinario se debe satisfacer con el ingreso ordinario (tributación, rentas de bienes nacionales, etc.), mientras que el crédito público deber dirigido a la inversión que promueva cambios positivos en las áreas de competencia gubernamental.

La visión clara de construir infraestructura que permita movilidad (por ejemplo) es una de las tantas inversiones que puede hacer un Estado, con una visión prospectiva de las condiciones que se deben propiciar para atraer inversión y aumentar la producción, que luego se vean materializadas a través de la recaudación de tributos a nuevos contribuyentes. En ese sentido, toda acción de política pública, debe tener un objetivo claro en aras de un bien mayor.

Hasta este punto, solo se ha discutido en torno a la planificación presupuestaria; no obstante, es solo un ensayo numérico  que se fundamenta en premisas previstas por el Estado a sus distintos niveles, consideran la expectativa de eventos futuros que pueden o no darse de la forma estimada. Todo esto se logra dilucidar en el momento de ejecución, donde como en todo presupuesto pueden haber situaciones no previstas que requieran la reconducción presupuestaria, la solicitud de créditos adicionales o la suspensión de acuerdos previamente previstos.

Estos eventos, para el caso venezolano, deben ser debidamente revisados y aprobados, dependiendo del nivel geopolítico donde se encuentre, por lo que el sistema de pesos y contrapesos se vuelve fundamental para con ello garantizar la mitigación de riesgos de corrupción.

 El presupuesto público es un eslabón clave en el funcionamiento de los subsistemas de la actividad financiera del sector público y es el que marca el camino de los otros subsistemas, dado que informa la magnitud de necesidades que deben ser satisfechas y el costo de las mismas. Esto, automáticamente activa a los sistemas de tributos, aduanas, bienes nacionales y crédito público, quienes finalmente son los que deben propiciar condiciones para lograr generar u obtener fondos suficientes y en los tiempos necesarios, para así garantizar el funcionamiento de las instituciones.

Desafortunadamente, se ha dado una importante opacidad en la información presupuestaria del país, solo dejando entrever el impacto que este ha tenido sobre el gasto social y dejando visiblemente de lado la inversión en infraestructura que permita hacernos transitar hacía la nueva internacionalización del país, y con ello captar nuevas inversiones extranjeras que tengan como objetivo el crecimiento del Producto Interno Bruto, la estabilización de las Reservas Internacionales, y en general la mejora tangible de la calidad de vida de los ciudadanos, en un ambiente legal estable, donde la protección de la economía se considere pieza clave en la ecuación, en el entendido de que ésta será la que propicie condiciones para el aumento del ingreso público de carácter fiscal.

Fuentes bibliográficas

 

Andara, L. (2019). “El presupuesto público venezolano”. Registrado y publicado por Andara Suarez, Lenin José

García, W. (2020). “Nuevos tiempos, nuevo ordenamiento”. Tomado en fecha 30 de junio de 2022. www.http://actualidadfinancierayfiscal.blogstpot.com http://actualidadfinancierayfiscal.blogspot.com/2020/06/nuevos-tiempos-nuevo-reordenamiento.html

García W. (2022). “Resultados 2021, retos del futuro”. Tomado en fecha 30 de junio de 2022. www.http://actualidadfinancierayfiscal.blogstpot.com http://actualidadfinancierayfiscal.blogspot.com/2022/05/resultados-2021-retos-del-futuro.html

OECD (2020). Panorama de las Administraciones Públicas América Latina y el Caribe 2020, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/1256b68d-es.



[1] Licenciado en ciencias fiscales, mención rentas ENAHP; magíster en ciencias gerenciales, mención finanzas UGMA; master en administración de negocios, Universidad de Cádiz y doctor en educación UCAB

Proceso de planificación entre países de América Latina