Wladimir García Castro[1]
Presupuesto Público.
Aspectos Teóricos y Prácticos
El
presupuesto público es la manifestación cuantitativa de los requerimientos
sociales de los electores; por consiguiente, su operacionalización debe ir
orientada a satisfacer necesidades públicas con una visión estratégica, donde
se combine lo que se requiere en el hoy y lo que se necesitará para el mañana,
desde una perspectiva de sostenibilidad, atendiendo los pirales sociales,
económicos y ambientes, en un base de políticas públicas sólidas que permitan
la ejecución razonable de las premisas consideradas en su elaboración.
Desde el
punto de vista social, los Ciudadanos que hacen vida en un país suscriben un
pacto con el Estado, representado por una serie de poderes públicos (desde la visión
vertical y horizontal), donde se precisa el hecho factico de la obligatoriedad
legal de cumplir y hacer cumplir con deberes y derechos expuestos de forma
razonablemente literal en todo el entramado legal de la Nación, impulsado de
forma individual por espacios de tiempo finitos por fuerzas políticas,
denominadas Gobiernos en oficina, que permiten materializar acciones de
obligatorio cumplimiento, que tengan como objetivo garantizar la mayor suma de
felicidad en los ciudadanos, con niveles lógicos y justos de convivencia,
dentro de las fronteras que demarcan la Nación, y que se encuentran contenidas
dentro de la concepción de Estado. De esta forma, se pueden denotar los
distintos niveles de roles que se dan en esta relación desigual por naturaleza,
entre los Ciudadanos y el poder que los gobierna y regula.
Esta
concepción permite que claramente se den eventos hacía ambos sentidos,
multifactoriales y transversales, donde los ciudadanos pagan obligaciones de
carácter tributario, y demandan servicios públicos asociadas o no a dichas
erogaciones. En términos prácticos estaríamos frente a una suerte de
mancomunidad social-económica, donde los actores deben cumplir
(pecuniariamente), para con ello recibir los beneficios que allí se causan.
Siendo así, podemos entender que el Gobierno en oficina se convierte en el
principal administrador y empleado/empleador, encomendado para llevar adelante
la gestión pública en todos los niveles geopolíticos.
En este
orden de ideas, y ya habiendo definido el rol de Ciudadanos-Estado,
evidentemente nacen necesidades que surgen del proceso social de convivencia,
que deben ser sufragados de forma proporcional por todos los que hacen vida en
un espacio físico, llamado territorio. Estos aportes se hacen vía fiscal, con
el pago de impuestos, tasas y contribuciones y nace un elemento importante de
obligatoriedad a través de la coacción tributaria. Es decir, el ciudadano
solicita al Estado que maneje la Hacienda Pública en nombre de éste, se compromete
a pagar obligaciones tributarias y lo faculta para que ejerza la fuerza de la
ley, en caso que se dé o promueva algún incumplimiento de este pacto
constitucional suscrito entre las partes.
Es
decir, se da la opción de ser el administrador y al mismo tiempo el ejecutor de
todas las acciones que se necesiten para garantizar flujos futuros de dinero,
que permitan resolver las necesidades que surgen de la socialización, aun
cuando dicha situación genere insalvables fricciones entre las partes sujetas a
esta relación.
Aun
cuando por la narrativa pareciese que la tributación se convierte en el primer
disparador, lo cierto es que no es así. Las necesidades colectivas son el
primer elemento que surge en esta relación y necesidad de convivencia. Allí, el
Estado propicia espacios para que se identifiquen y cuantifiquen necesidades
colectivas que deben ser satisfechas, demarcando toda una serie de
atribuciones, competencias y obligaciones a sujetos de derecho de carácter
público, quienes son los llamados a proveerlos partiendo de una importante
cantidad de principios previstos en la normativa local.
Una vez
identificadas las necesidades (las cuales son ilimitadas por naturaleza) se
procede a preparar los respectivos presupuestos que servirán de base para la
ejecución del gasto público, soportados en recursos financieros (limitados por
naturaleza), el cual podrá combinarse con la inversión en bienes y servicios
que puedan promover mejoras de largo plazo y allí es donde entra un carácter
estratégico importante, tomando en consideración de que el mismo se prepara
amparado por las instituciones del Estado, pero con la visión de Gobierno, la
cual puede diferir de nuevas fuerzas políticas por ocupar la posición en el
períodos subsiguientes, por lo que la pluralidad debe tener una claridad
importante, a fin de que la misma se fundamente en expectativas compartidas de
forma razonable, por las distintas fuerzas políticas que hagan vida en el país.
Ya
siendo cuantificadas las necesidades en el presupuesto, inicia una importante
lucha entre lo que se debe hacer, lo que se necesita hacer y lo que realmente
se puede hacer. Partimos de la premisa de que las necesidades son ilimitadas,
pero los recursos si son limitados, por lo que la identificación de prioridades
y el planteamiento lógico de planes de largo aliento terminan convirtiéndose en
un punto de discusión por los costos políticos que ocasiona la visión de corto
y largo plazo que pueda tener un gobierno, quien bajo condiciones normales
tiene claro que perdurará en el poder por un tiempo determinado, en el mejor de
los casos.
Esta
situación, por más que existan una serie de pesos y contrapesos que analicen
administren y controlen la planificación y ejecución presupuestaria a todos los
niveles geopolíticos, es indudable que genera una serie de retos importantes,
manejados por el resto de los subsistemas de la actividad financiera del sector
público.
El
presupuesto público es deficitario por excelencia; es decir, normalmente, las
necesidades sobrepasan la capacidad de generar ingresos de carácter tributario
o por la intervención de bienes nacionales. En función a ello, una parte
neurálgica de la determinación presupuestaria se basa en la determinación del
nivel máximo de endeudamiento público, que permita ser sostenibles en el largo
plazo (donde los pagos de capital e intereses sean viables para nuestros
procesos presupuestarios), y que al mismo tiempo si logren generar estructuras
que permitan por una parte satisfacer necesidades del hoy, propiciando
proyectos que en el futuro sean aprovechables, entrando así en la concepción de
ingresos ordinarios y extraordinarios, versus gastos ordinarios y erogación de
inversión.
En este
aspecto, las finanzas públicas y privadas confluyen en la idea de que el gasto
púbico ordinario se debe satisfacer con el ingreso ordinario (tributación,
rentas de bienes nacionales, etc.), mientras que el crédito público deber
dirigido a la inversión que promueva cambios positivos en las áreas de
competencia gubernamental.
La
visión clara de construir infraestructura que permita movilidad (por ejemplo)
es una de las tantas inversiones que puede hacer un Estado, con una visión
prospectiva de las condiciones que se deben propiciar para atraer inversión y
aumentar la producción, que luego se vean materializadas a través de la
recaudación de tributos a nuevos contribuyentes. En ese sentido, toda acción de
política pública, debe tener un objetivo claro en aras de un bien mayor.
Hasta
este punto, solo se ha discutido en torno a la planificación presupuestaria; no
obstante, es solo un ensayo numérico que
se fundamenta en premisas previstas por el Estado a sus distintos niveles,
consideran la expectativa de eventos futuros que pueden o no darse de la forma
estimada. Todo esto se logra dilucidar en el momento de ejecución, donde como
en todo presupuesto pueden haber situaciones no previstas que requieran la
reconducción presupuestaria, la solicitud de créditos adicionales o la
suspensión de acuerdos previamente previstos.
Estos
eventos, para el caso venezolano, deben ser debidamente revisados y aprobados,
dependiendo del nivel geopolítico donde se encuentre, por lo que el sistema de
pesos y contrapesos se vuelve fundamental para con ello garantizar la
mitigación de riesgos de corrupción.
El presupuesto público es un eslabón clave en
el funcionamiento de los subsistemas de la actividad financiera del sector
público y es el que marca el camino de los otros subsistemas, dado que informa
la magnitud de necesidades que deben ser satisfechas y el costo de las mismas.
Esto, automáticamente activa a los sistemas de tributos, aduanas, bienes
nacionales y crédito público, quienes finalmente son los que deben propiciar
condiciones para lograr generar u obtener fondos suficientes y en los tiempos
necesarios, para así garantizar el funcionamiento de las instituciones.
Desafortunadamente,
se ha dado una importante opacidad en la información presupuestaria del país,
solo dejando entrever el impacto que este ha tenido sobre el gasto social y
dejando visiblemente de lado la inversión en infraestructura que permita
hacernos transitar hacía la nueva internacionalización del país, y con ello
captar nuevas inversiones extranjeras que tengan como objetivo el crecimiento
del Producto Interno Bruto, la estabilización de las Reservas Internacionales,
y en general la mejora tangible de la calidad de vida de los ciudadanos, en un
ambiente legal estable, donde la protección de la economía se considere pieza
clave en la ecuación, en el entendido de que ésta será la que propicie
condiciones para el aumento del ingreso público de carácter fiscal.
Fuentes
bibliográficas
Andara, L. (2019). “El presupuesto
público venezolano”. Registrado y publicado por Andara Suarez, Lenin José
García, W. (2020). “Nuevos tiempos,
nuevo ordenamiento”. Tomado en fecha 30 de junio de 2022.
www.http://actualidadfinancierayfiscal.blogstpot.com http://actualidadfinancierayfiscal.blogspot.com/2020/06/nuevos-tiempos-nuevo-reordenamiento.html
García W. (2022). “Resultados 2021,
retos del futuro”. Tomado en fecha 30 de junio de 2022.
www.http://actualidadfinancierayfiscal.blogstpot.com http://actualidadfinancierayfiscal.blogspot.com/2022/05/resultados-2021-retos-del-futuro.html
OECD (2020). Panorama de las
Administraciones Públicas América Latina y el Caribe 2020, OECD Publishing,
Paris, https://doi.org/10.1787/1256b68d-es.
[1]
Licenciado en ciencias fiscales, mención rentas ENAHP; magíster en ciencias
gerenciales, mención finanzas UGMA; master en administración de negocios,
Universidad de Cádiz y doctor en educación UCAB
