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Opinión



jueves, 20 de mayo de 2021

Análisis Medidas Sanitarias

 

García, Wladimir

Presentación

El presente ensayo está asociado a la efectividad jurídica en la aplicación de las medidas sanitarias de la Unión Europea con respecto a la Covid-19, tema que ha sido de suma importancia durante el último bimestre del 2019, todo el 2020 y el tiempo transcurrido hasta la fecha, sin resolución razonablemente definitiva y con consecuencias ciertamente complejas desde el punto de vista económico, social, político y evidentemente, de salud pública (entre muchas otras consecuencias, tal como lo son las jurídicas).

Los escenarios suigieneris normalmente no son anticipados socialmente por las personas físicas, dado que siempre están asociadas a eventos que no son vistos como probables por el ojo no profesionalizado en los temas en cuestión. No obstante a lo anterior, asuntos epidemiológicos son razonablemente anticipados por la ciencia, siendo adoptados de forma jurídica por algunas jurisdicciones que son capaces de entender la magnitud de las consecuencias que puede originar el cierre de fronteras, la paralización de actividades comerciales, de servicio, educación, etc., y de los graves efectos en el sistema de salud, por tiempos que son difícil de determinar.

El COVID-19 trajo consigo eventos sin precedentes para las personas que vivimos en el planeta en la actualidad. Por más que se haga referencia a situaciones análogas en el pasado, indiscutiblemente no era el mismo mundo. En nuestra sociedad globalizada, un producto pudo haber sido confeccionado en tantos países, como tantas piezas son; siendo así, la relación de país con país es incalculable.

La Unión Europea, como bloque común, ha trabajado en estrategias que permitan generar condiciones sostenibles de cara al futuro. Indiscutiblemente, la seriedad y fortaleza de sus instituciones garantiza un nivel de cumplimiento aceptable, cuando lo comparamos con las acciones que se tomaran en el resto del mundo. No obstante a esta primera apreciación empírica, los retos siguen estando allí, dada la complejidad del tema.

La Comisión Europea solicitó a los países miembros una serie de estrategias que tuviesen como fin el levantamiento gradual de las restricciones que ha impuesto el COVID. La movilización de bienes y personas en la Unión son más que significativos, por lo que llevar a cabo medidas razonablemente exitosas es fundamental para poder ser funcionales nuevamente. La clave de todo es que sean medidas aplicables y equilibradas, elementos de suma importancia cuando se analizan los principios del derecho administrativo internacional. Lo importante es que las medidas sean sostenibles y seguras para los ciudadanos que forman parte de la comunidad.

Desde la perspectiva legal, hay dos elementos que están sobre la mesa. El primero es el derecho de los ciudadanos a transitar de forma libre por toda la comunidad europea. Para los ciudadanos sudamericanos, puede que ese concepto de libre tránsito sea un tanto abstracto; no obstante, para los europeos, poder moverse de Madrid a Oporto sin mayores retos, es clave. Como segundo punto, nos conseguimos todo lo relacionado con las actividades económicas. Indiscutiblemente, muchos países han comprendido (quizás con tropiezos) que la pandemia puede producir muertes tanto por la enfermedad, como por la falta de recursos de subsistencia. No considerar este elemento, pudiese dejar gran parte de la agenda de lado. La desatención a aspectos económicos, pudiese incluso ser más devastador, que la misma enfermedad. Siendo así, la comunidad europea ha tratado de establecer mecanismos que permitan de forma segura, mantener el aparato producto activo. Algunos países han sido incluso más agresivos al respecto.

En esta línea, la aplicación de correctivos legales en materia laboral (reforzando los avances que ya había en materia de teletrabajo) ha sido neurálgicos para poder garantizar la continuidad operativa de la economía. Ciertamente, existen modelos de negocio que por naturaleza son presenciales; no obstante, muchos países han creado esquemas que permitan no bajar la guardia, minimizando con ello la caída del empleo formal.

La Comunidad Europea ha discutido sobre la incorporación del denominado “Certificado Verde Digital”, el cual incluye: la vacunación, las pruebas y la recuperación de sus ciudadanos, a través de un marco legal común aplicable a todos los países miembros. De igual forma, han creado regulaciones tendientes a hacer apropiado seguimiento de las aguas residuales (a fin de ver las posibles variantes) y la necesaria inversión mancomunada y estratégica en ciencia, tecnología e innovación, a fin de crear mecanismos que mitiguen los riesgos asociados a esta pandemia, o a otras que puedan venir en el futuro.

De contenido del ensayo

Margaritis Schinas (vicepresidente para la Promoción de nuestro Modo de Vida Europeo), aseveró que: “La senda común requiere un enfoque seguro y sostenible en beneficio de todos los europeos. Al levantar las restricciones, debemos aprender las lecciones de 2020 y evitar ciclos perjudiciales y costosos de apertura y cierre. La Comunicación de hoy incluye un paquete equilibrado de medidas existentes y nuevas. Esperamos con interés el respaldo de los Estados miembros en el próximo Consejo Europeo. Cada día nos acercamos más a la consecución de nuestros objetivos de vacunación y a la recuperación de nuestro modo de vida europeo”. Allí luce razonablemente la senda que deberá atravesarse desde el punto de vista pragmático. Todo esto debe venir vestido con un ordenamiento jurídico sólido que permita tener certidumbre para todos los sujetos de derecho involucrados, e incluso, para el resto de la comunidad internacional.

Por otro lado, Stella Kyriakides (Comisaria de Salud y Seguridad Alimentaria) manifiesta que: “Hoy proponemos un enfoque común de la UE que nos conduzca hacia nuestro objetivo común de reabrir la Unión de una manera segura, sostenible y predecible. La situación del virus en Europa sigue siendo muy complicada y mantener la confianza en las decisiones adoptadas es crucial. Solo a través de un enfoque conjunto podremos volver de forma segura a la plena libertad de circulación en la UE, sobre la base de medidas transparentes y de una plena confianza mutua”. Evidentemente, el manejo del presente reto de forma mancomunada, es el camino que se plantea la Unión Europea.

En función a lo anterior, la Comunidad Europea se plantea las siguientes metas, con efectos legales para todos los miembros de la unidad:

1.              Certificados verdes digitales

2.              Marco Europeo de respuestas ante los retos del COVID

3.              Orientaciones estratégicas para la realización de pruebas y rastreo

4.              Inversión en tratamientos

5.    Ayudas al sector turismo cultura

6.    Mecanismo de masificación de vacunas

Cada una de estas líneas tiene como objetivo poder brindar condiciones sostenibles que permitan visualizar lo que será una nueva normalidad en la comunidad europea, aun cuando ellos confían que los cambios permitirán volver a los esquemas tradicionales de forma más efectiva, eficiente y productiva.

Aun cuando los sucesos del BREXIT pudieron mostrar las vulnerabilidades de la Comunidad Europea, también está claro que los logros alcanzados exceden los puntos negativos. Dentro de las ventajas de este tipo de organizaciones siempre ha resaltado la pérdida razonable de soberanía por parte de las jurisdicciones; no obstante, la Unión Europea ha demostrado que no es tal, dado que del aporte de los miembros, surgen soluciones aplicables y lógicas, para problemas graves como el que estamos viviendo.

Propuestas y/o sugerencias que pueden ser incorporadas para lograr el paradigma de la buena administración

Dentro del paradigma de la buena administración, el punto central está en poder garantizar el interés colectivo de los distintos sujetos de derecho. Para el caso del derecho administrativo internacional, se suma que son intereses abarcan a distintas jurisdicciones. Dichos países (por naturaleza) tienen distintas idiomas, costumbres, culturas e idiosincrasias; no obstante a ello, tienen como objetivo común, generar el mayor nivel de bienestar a sus ciudadanos. En función a ello, la comunidad europea se plantea ante esta situación, generar condiciones para cada país miembro, que permita volver a una normalidad razonable sostenible y eficiente para todos.

Ellos están claros de la importancia de poder tener instrumentos que permitan brindar de certeza y optimismo a sus electores y a la comunidad internacional. Sabes que su sobrevivencia como potencia mundial radica en la capacidad que tienen de resolver problemas de toda índole. Dar el siguiente paso ante una situación pandémica que ha arropado a todo el mundo, es la mejor demostración de la capacidad de respuesta que tienen como bloque, lo que servirá de ejemplo para el resto del mundo civilizado.

Desde la perspectiva jurídica, la Comunidad Europea se plantea como acciones del corto, mediano y largo plazo las siguientes:

1.              Mecanismos de rescate, atención a los trabajadores y garantía para el sector productivo, con funcionamiento a partir de junio de 2020.

2.              Estrategia de salida coordinada por cada uno de los países miembros, presentada en el mes de abril de 2020. Estas medidas incluyen normativas y medidas que asistan a los sectores: agricultura y pesca; mercado interior, industria y comercio; sector sanitario y cualquier otra acción que garantice el flujo de información apropiada, sobre las actividades que se llevaran a cabo por todos los países miembros.

De igual forma, las medidas incluyen:

·                Sustitución de medidas transitorias, por medidas específicas, protegiendo a los grupos más vulnerables

·                Controles en fronteras interiores deben suprimirse de forma coordinada.

·                Reactivación de la actividad económica de forma gradual.

·                Manejo apropiado de concentraciones de personas.

·                Esfuerzos para prevenir la expansión del virus, con campañas de sensibilización.

·                Seguimiento continúo y estar preparados para el retorno a medidas de confinamiento más estrictas si fuese necesario.

3.              Plan de recuperación global para el período plurianual 2021-2027. El plan de acción incluye principalmente: i) impulsar un mercado único plenamente en funcionamiento y revitalizado; ii) esfuerzo de inversiones sin precedente; iii) actuación global y iv) sistema de gobernanza que funcione.

Tal como puede detallarse, la Comunidad Europea se plantea una serie de cambios profundos en su sistema. El COVID ha hecho que los países entiendan que deben tomar decisiones fuertes y sensibles para poder garantizar sostenibilidad. Han visto que no es suficiente llevar a cabo discusiones estériles, sino que es fundamental poder llevar a práctica todas las acciones tendientes a buscar la satisfacción de intereses colectivo.

Entender el problema de fondo es crucial. La investigación y el desarrollo son claves, pero también es clave entender que los países deben resolver sus problemas desde adentro. Los Estados no pueden permitir que las empresas se manejen en esquemas comerciales que pongan en riesgo la sostenibilidad en caso de futuras restricciones de movilidad. Si bien es cierto que la globalización trajo consigo modelos de negocio interesantes y lucrativos, es imposible visualizar un mundo en que los continentes dependan entre sí de forma tan dramática.

Ensamblar un mundo con dinámicas más directas solo será posible con la aplicación de no solo de normas sanitarias. Regulaciones en materia tributaria, laboral y comercial serán fundamentales para que las empresas de cada país busquen la eficiencia puertas adentro, minimizando con ello los riesgos de movilización.

De igual forma, incentivos claros en materia de tecnología de la información, robótica, inteligencia artificial, entre otras, será el camino claro para con ello mitigar riesgos asociados a la falta parcial o total de producción.

En materia de fuentes de energía, el mundo también tendrá que trabajar es buscar medios para autoabastecerse. Ya los países productores de petróleo eran un riesgo por la presencia de gobiernos con poca o nula credibilidad. Ahora se suma el hecho de que las distancias obligan a que sea impensable depender de decisiones gubernamentales de jurisdicción con serios problemas internos.

Por lo pronto, países altamente mediáticos, como el caso de España e Italia, han sufrido las consecuencias de costumbres menos estratégicas que el resto de sus vecinos; no obstante, países como Alemania, Suecia, Suiza, Dinamarca, entre otros; pueden ser ejemplo de cómo lidiar con la producción y la debida atención a un ciclo pandémico sin precedentes en la civilización moderna.

Desde el punto de vista de la Administración Pública, indudablemente los Estados no pueden reclamar cambios sociales, sin cambiar internamente. De ahora en adelante se verán cada vez más mejoras desde el punto de vista de la actuación de los entes gubernamentales, quienes tendrán que incorporar cada vez más elementos asociados al paradigma de la buena administración, y con ello garantizar certidumbre a sus ciudadanos.

Sin duda alguna, el mundo está presenciando cambios profundos de forma y de fondo. EEUU y la Unión Europea harán el camino. Solo resta que los países de Sudamérica dejen de lado sus conflictos políticos internos y entiendan que lo primero es la satisfacción de necesidades públicas, por encima de intereses personales y partidistas.

A modo de cierre, medir la efectividad de las medidas sanitarias adoptadas por la Comunidad Europea es un trabajo en progreso. Faltará mucho tiempo para que puedan visualizarse los efectos positivos y negativos de una asignación que se está escribiendo en vivo y que se está aprendiendo sobre la marcha, en la medida que se entiendan y anticipen las potenciales áreas de mejora.

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