Históricamente, la clase obrera se ha visto seriamente afectada
por los efectos de la
economía, originados por decisiones tomadas por la fuerza
política, quienes al fin y al cabo tienen el poder otorgado por éstos mismos
para la representación de sus intereses. Indudablemente, dichas decisiones
tienden a afectar la oferta y demanda de bienes y servicios, redundando en el
aumento o disminución de los beneficios de las familias menos favorecidas.
Siendo así, paradójicamente una minoría tiene un poder desproporcionado sobre
la mayoría.
Dentro de las distintas
corrientes y teorías económicas destaca la multiplicidad de criterios en cuanto
a la importancia que tienen los gobiernos en el vaivén de la economía; lo
cierto es que independientemente de la acera donde usted se encuentre, podría
coincidir en que las autoridades deberán generar condiciones para que los
privados puedan ejercer actividades de forma legal y ética en escenarios
estables y justos para todas las partes. Aun cuando luce sencillo y utópico, su
operacionalización es el gran reto de la humanidad, producto de los altos
niveles de corrupción de nuestras naciones, lo que impide que existan niveles
razonables de eficiencia y eficacia gubernamental.
Desafortunadamente, el menos
preparado termina haciendo frente a más adversidades, por lo que también deben
darse condiciones para que la formación sea una constante, atendiendo a las
individualidades de cada ciudadano, en procura de su realización como persona
en ambientes cada vez más competitivos y globalizados. El Estado debe estar
allí, con todo el interés de propiciar oportunidades tangibles y extensibles a
todas las clases sociales.
Empíricamente se podría creer
que malos gobiernos generan la desmejora continua de los asalariados,
considerando que mientras más ineficientes y corruptos son, más son las
condiciones generadas para oportunistas que encubren fechorías en estructuras
formales y aparentemente legales, amparadas en entes públicos percibidos
negativamente por la comunidad económica y social. Propiciar el achicamiento de
los mercados, da pie a la creación de monopolios de hecho; esto en nada
beneficia a los trabajadores, dado que elimina la posibilidad de defender
derechos económicos en función a las competencias y habilidades de cada
persona.
Los gobiernos deben dar
condiciones para que la inversión interna y externa inicie proyectos
empresariales con altos niveles de certidumbre jurídica y económica, esto
generará el nacimiento de un mercado donde la oferta y demanda sean la pieza
clave para que los trabajadores tengan el empuje para mejorar y con ello hacer
justas solicitudes en organizaciones en marcha y rentables, mientras en
simultaneo el Estado apoya a la educación para con ello preservar que el
sistema produzca personal capacitado para afrontar nuevos retos en países donde
todo está por hacerse.
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