En líneas generales, propiciar mejoras económicas pasa forzosamente (para sectores contrarios a las reglas básicas de Mercado) por garantizar condiciones jurídicas y económicas estables para el sector privado, quien al final del día fue, es y será el motor de la economía de los países prósperos del mundo.
Al no girarse una invitación formal, honesta y clara a los distintos sectores productivos (o con potencial para serlo), solo se generan más elementos que inhiben la convivencia decorosa de todas las partes; por el contrario, el ataque hace que la reacción natural sea la de buscar nuevas formas de gestión, lo que sin duda alguna tiene y tendrá impactos muy severos para los más desprotegidos socialmente.
La derogatoria de la normativa que fustigaba la compra y venta de divisas entre particulares fue un avance interesante, que se ve minimizado al reforzar un sistema de subastas (verdaderamente complejo para tener acceso de forma recurrente) prácticamente inexistente, junto con la incorporación de una mutación de criptomoneda que se respalda en una utopía que es difícil materializar a través de una operacionalización asertiva, por el simple hecho de que su ejecución en estos momentos es altamente rebatible.
Indudablemente, esto hace que cualquier propuesta que se maneje en ese esquema tienda a cero, dado que termina siendo parte de una patología crónica, donde la ausencia de disciplina y control son elementos recurrentes.
Partiendo del anuncio de una eventual reforma tributaria, es bien sabido que el impuesto al valor agregado es una obligación con características inflacionarias, traerá consigo distorsiones en los precios de los mismos con impactos en el consumidor final.
En materia de retenciones de dicho impuesto, aumentar la periodicidad a semanal, requerirá de mayor esfuerzo financiero y horas hombre (probablemente muchas empresas no contarán con estos dos elementos en el corto plazo).
En materia de impuesto sobre la renta el tema es aún peor, dado que se creará un sistema de anticipo en función a las ventas, lo que terminará convirtiéndose en un mínimo tributable confiscatorio, donde no se medirá la capacidad contributiva de los sujetos pasivos especiales que no tienen ese estatus por ser “ricos”, sino producto del desfase de la unidad tributaria, llevándolos hasta allí sin estar preparados en lo económico y operativo.
En cuanto al impuesto a las grandes transacciones financieras, está demostrado que es un tributo que erosiona la generación de rentas de las compañías y que solo debe usarse por períodos cortos de tiempo y con objetivos muy claros. En el presente caso pareciese que estas dos variables no son consideradas, sin obviar el hecho de que no es admitido como una deducción de impuesto sobre la renta.
El aumento de salario y el incremento de la gasolina son dos temas mucho más complejos; los mismos requerirán de análisis más cuantitativos. Sin embargo, ambos tienen algo en común; son inflacionarios, en el entendido de que afectan de forma profunda las estructuras de costo de las organizaciones a todo nivel, sector y tamaño.
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